EMALSA

OPINIÓN

EMALSA

Juan Carlos Suárez de Tangil

De aquellos polvos, estos lodos. Creo que así es el dicho. Si no fuera así, de todas formas ustedes entienden qué quiero decir.
El asunto de Emalsa, empresa que gestiona todo lo relacionado con el agua en Las Palmas de Gran Canaria, del que ayer hemos tenido noticias, vuelve a la actualidad al conocerse que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y otro societario.
Emalsa, desde el punto de vista de la actividad judicial, tiene un largo recorrido, aunque más bien debiera de decir, un largísimo recorrido, no sólo por este asunto conocido ayer, sino por otros muchos que se han dirimido en los tribunales de justicia.
El inicio de este artículo habla de polvos y de lodos, en este caso el "polvo", no sean maliciosos y no piensen en otra acepción de la palabra que a la que se refiere el popular refrán, fue la privatización de la empresa, la forma en la que se hizo, las diferentes sentencias habidas posteriormente, alguna que otra adjudicación dudosa, y quizás alguna otra cosa más que ya no recuerdo.
Siempre he creído que cuanto menos gobierno, más libertad, y que todo no debe ser público porque eso no es garantía de mejor servicio, de más transparencia, ni de nada de nada. La gestión privada, en mi opinión, mejora notablemente a la gestión pública y no por su esencia misma, sino porque lo público, teniendo en cuenta la casta política que nos gobierna, está trufada por la corrupción.
Sin embargo, en Canarias, hay sectores que por su carácter estratégico, deben ser de exclusiva titularidad pública. En este archipiélago, y por razones varias, todo lo relacionado con puertos, aeropuertos, energía y aguas, en mi opinión, debieran estar bajo control público, y este, a su vez, sometido a un control exhaustivo por parte de instituciones democráticas.
Entiendo que así se evitarían situaciones como las referidas a las que ahora va a instruir la Fiscalía a las que, por cierto, les auguro un corto recorrido.
Quizás más adelante vuelva a poner negro sobre blanco y de forma más extensa, las diferencias que hay, en positivo o negativo, entre lo público y lo privado. Pero ahora no es el momento.
Respecto de lo conocido ayer, hay dos asuntos en discusión que, en mi opinión, son acuerdos entre partes, puede que muy discutibles, pero entre partes, que son empresas privadas.
Respecto de la nave que Sercanarias, una empresa que presta servicios a Emalsa, compra a Seguridad Integral Canaria y que es uno de los dos asuntos que se pretende investigar, se pone en duda, no sé muy bien porqué ni por quién, el precio de la compraventa. Pero si una empresa quiere comprar una nave que cree que puede serle interesante, y quién es propietario de la misma, le pone el precio que desea y ese precio, a su vez, es aceptado, ¿porqué alguien tiene que poner en tela de juicio lo que dos empresas privadas, en uso de su libre elección, han decidido?. Si, además, no hay dinero público por medio, ¿qué debe investigarse ahí? Y si se investiga, ¿por qué se hace? ¿Se hace porque un medio de comunicación lo denuncia? ¿Se hace porque el alcalde se ha visto presionado por uno o varios medios y quiere quedar bien con ellos? ¿Se puede poner en marcha una investigación con informaciones publicadas por medios de comunicación sin otro soporte que la sustente? Lo dicho, corto recorrido.
En el otro asunto, el del impresionante alquiler que se está pagando por la nueva sede de la compañía, que por su importe y por los contratantes que han llevado a cabo esa operación, pudiera aparentar una mala utilización del dinero público. ¿Público? ¿No se privatizó la compañía? ¿No es la parte privada mayoría en el consejo de administración de Emalsa? ¿No están en su derecho, aunque a otros, entre los que me encuentro, les parezca un disparate el importe del alquiler?
Si no queremos que algo suceda, lo razonable sería haber pensado, previo a tomar la decisión de privatizar Emalsa, que situaciones como ésta se podrían dar en el futuro, como así ha sucedido.
Desde el punto de vista de lo legal o no que puedan ser las decisiones sobre estos dos asuntos, creo que, salvo que exista algo más que yo no conozca, estos asuntos, en los juzgados, tienen corto recorrido.
Dicho todo lo anterior, también hay que recordar que, a veces, la ley y la justicia no son lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque parece injusto, moral y políticamente impresentable que se pague en Las Palmas de Gran Canaria el agua más cara de España mientras desde la empresa Emalsa se hacen operaciones que gravan su cuenta de resultados. Pero, esto último, no debe importarles mucho a los actuales socios de la empresa de aguas. Al fin y a la postre, con el abusivo precio que pagan los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria por que de sus grifos salga algo tan preciado como el agua, compensan cualquier dislate.
Y esto último sí es controlable, porque el socio minoritario y público, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene el control de las tarifas que se aplican a los ciudadanos. Y si bien no tiene dentro del consejo de administración nada que hacer frente a los socios privados, si que puede, digamos, "apretarles" con las tarifas. ¿Por qué no lo hace?