jueves, 21 de febrero de 2013

Bárcenas dejó de pagar a Hacienda 1 millón de euros en IRPF y Patrimonio en 2007


Bárcenas dejó de pagar a Hacienda 1 millón de euros en IRPF y Patrimonio en 2007

Estos datos podrían servir para imputar al extesorero un nuevo delito fiscal. Hacienda acredita que la declaración tributaria especial presentada por Bárcenas a través de Tedesul es “inveraz” puesto que el titular real podría haber regularizado su situación tributaria a través de la denominada amnistía fiscal.


La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha acreditado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que Luis Bárcenas dejó de ingresar un total de 1.085.416 euros en concepto de IRPF e Impuestos de Patrimonio correspondientes al ejercicio 2007. Precisamente a finales de ese año el extesorero del PP acumulaba más de 22 millones euros en cuentas a nombre de la sociedad Sinequanon en el Desdner Bank de Suiza, informa Europa Press.
Concretamente, y según el informe entregado por la Agencia Tributaria al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la cuota tributaria dejada de ingresar correspondiente a Bárcenas, casado en régimen de separación de bienes con Rosalía Iglesias, ascendió a 500.693,38 euros en 2007, a los que habría que sumar otros 584.724,23 euros correspondientes al IRPF de ese mismo año. De todo ello, Hacienda deduce que las cuotas dejadas de ingresar a la Hacienda Pública por ambos impuestos "superan ampliamente" el importe de 120.000 euros en el que se sitúa el límite del delito fiscal, según se desprende de los datos contenidos en la documentación remitida a Ruz por la autoridad judicial suiza.
El magistrado había pedido a Hacienda que informara sobre el contenido de la documentación que se envió desde el país helvético en respuesta a su comisión rogatoria y que también se pronunciara sobre la posible comisión de delitos fiscales en lo referido al ejercicio de 2007 "habida cuenta de su próxima prescripción". Estos datos podrían servir para imputar al extesorero un nuevo delito fiscal. En tercer lugar, Ruz solicitaba a la Agencia Tributaria que estudiara las alegaciones y documentación que fueron aportadas al juzgado por el propio Bárcenas en lo referido a la amnistía fiscal a la que se acogió a finales del pasado año para evaluar su "eventual incorrección".
Otros bienes
Respecto de los dos primeros puntos, y además de apuntar la existencia de un posible nuevo delito fiscal, la Agencia Tributaria señala que sería necesario investigar otros bienes y derechos propiedad de Bárcenas y situados en el extranjero "cuya existencia parece inferirse de la documentación" aportada por Suiza para conocer su conducta tributaria en los años posteriores a 2007. En relación a la declaración tributaria especial presentada por Bárcenas a través de la sociedad Tesedul, Hacienda acredita que ésta es "inveraz" puesto que únicamente el titular real, es decir Bárcenas, podría haber regularizado su situación tributaria a través de la denominada amnistía fiscal.
Además, añade que la citada declaración especial no puede surtir efectos regularizadores respecto de las responsabilidades penales del titular real de los bienes respecto de los delitos por los que pudiera estar imputado, "ni siquiera en el caso, que no se da, de que la Declaración Tributaria Especial presentada hubiera sido correcta y eficaz. Por ello, concluye que la DTE presentada por Tesedul S.A. "no surte efectos de regularización de la situación tributaria ni penal del señor Bárcenas".
A idénticas conclusiones llega la Abogacía del Estado en un tercer informe remitido al juez en el que replica a la defensa de Bárcenas cuando señaló que resultaba ilógico deducir que sus mandante pudieran poseer otros activos no declarados fuera de España. "Hay que decir que claro que puede ser lógico pensar en la posibilidad de otros activos no declarados, vistos los antecedentes, visto que en la información remitida por las autoridades suizas figuran saldos con cuantías muy superiores a las declaradas por Tesedul S.A. y visto que tampoco el imputado ofrece razón o prueba alguna que lleve a pensar que no existen más activos", indica el abogado del Estado Edmundo Bal Francés en su informe

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