España necesita una segunda Transición

Por Paulino Rivero el 10 febrero, 2013

Hace apenas diez días apunté, en este mismo blog, que los ciudadanos están pidiendo a gritos una segunda Transición, un abanico de reformas en profundidad que permita reconstruir la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, una batería de decisiones de calado que ponga fin a la preocupante espiral de descrédito y crispación que sacude a España.
Una segunda Transición que aborde, entre otros grandes asuntos, una reforma de la Carta Magna. Hay que poner al día una Constitución que muchas generaciones ni votaron ni sienten suficientemente suya; generaciones que bien merecen protagonizar esta segunda Transición a la que aludo.
Esto fue hace diez días. Hace más de un año adelanté que esta crisis económica y financiera, la más grave que hemos vivido en España desde la Gran Depresión de 1929, podía desembocar, si no se adoptaban medidas de reforma profundas y valientes, en otra aún peor, a la que se sumara, además, una crisis política, social y de valores; una crisis que afectara al núcleo mismo de la democracia y que pusiera en cuestión no sólo los pilares de nuestro Estado de Derecho, sino la unidad misma de los territorios que conforman el Estado español.

Los continuos casos de corrupción que salpican la actualidad política española, y que ocupan los titulares de todos los medios de comunicación, han contribuido a acelerar esa deriva y hoy se puede afirmar que ese escenario que anuncié hace meses se nos ha echado encima.
A la escalada de tensiones entre el centro y la periferia -que la crisis sin duda ha agravado- se suma la creciente indignación de los ciudadanos, la desafección y el descrédito que provoca la clase política y el rechazo de millones de españoles que desconfían, cuando no abominan directamente, de los responsables públicos que ellos mismos eligieron.
Se ha extendido del descontento y se ha generalizado la opinión, tan injusta como humana, de pensar que “todos los políticos son iguales”.
Siendo comprensible este enfado y partiendo de que es bueno, sano e incluso recomendable –y desde luego, un síntoma de madurez democrática- una actitud crítica y vigilante de los ciudadanos hacia sus representantes públicos, lo cierto es que la “no corrupción” siendo menos noticia, menos ruidosa y menos llamativa que su contraria, es también infinitamente más abundante en el día a día de la política en nuestro país.
Es indignante que esos casos empañen y desprestigien la labor de todos los responsables públicos.
Las personas y los comportamientos honrados, en el ámbito de la política y en el resto de actividades y profesiones, son menos espectaculares pero mucho más numerosos y generalizados. Es de justicia reivindicar esta afirmación que desgraciadamente los escándalos de algunos tienden a ocultar.
Dicho esto, no quiero restar un ápice de importancia a la grave situación creada en nuestro país por la suma de tensiones económicas, políticas, territoriales y sociales que han venido a converger en los últimos meses.
Esta crisis, que comenzó financiera y ha derivado en social, institucional y de valores, amenaza con carcomer los pilares del edificio que con tanto esfuerzo se puso en pie hace casi cuatro décadas.
No es posible cruzarse de brazos ante la sombra de desintegración que sobrevuela nuestro tejido social. Y precisamente porque es mucha la desolación y el enfado de los ciudadanos y porque somos muchos los que entendemos la actividad política desde la honestidad y el interés general, creo que es imprescindible restaurar los valores que hicieron de España el Estado Social, Democrático y de Derecho que consagró la Constitución de 1978.
Más aún. Esta crisis puede y debe ser el punto de inflexión a partir del cual perfeccionemos un modelo de convivencia que no solo establezca nuevos mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos y sus representantes, sino también que refuerce los instrumentos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de todos los territorios de España y adapte el modelo de Estado a la realidad política y territorial del siglo XXI.
Ha llegado el momento de dar un nuevo paso. De protagonizar una segunda Transición.
La solución no está, y no puede estar, en el fin de las instituciones y de la clase política; la opción no puede ser la ley de la selva. El camino está en hacer algo y en hacerlo mejor, regenerando nuestro armazón democrático y reforzando los pilares de nuestra arquitectura.
Es necesario avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria, hacia un modelo más equilibrado, más participativo. Un modelo en cuyo diseño intervengan y se sientan cómodas las generaciones que no tuvieron edad ni oportunidad de protagonizar la primera Transición.
Muchísimos españoles no han conocido otras circunstancias que la libertad y el Estado de Derecho que consagró la Constitución de 1978. Muchísimos no ratificaron con su voto la aprobación de ese camino que juntos decidimos recorrer. Ni saben del esfuerzo que supuso, ni de la voluntad de consenso de la cual es deudora.
A esas generaciones quizás les cueste creer, a la vista de las actuales tensiones, que los españoles fuimos capaces de terminar con la larga tradición de intolerancia y enfrentamiento que nos acompañó durante siglos. Que fuimos capaces de alcanzar la reconciliación tras una Guerra Civil terrible y cuarenta años de dictadura.
Pero así fue.
Nos dimos la oportunidad de elegir la paz, la convivencia y la pluralidad. Nos apoyamos en la tolerancia, el respeto, el diálogo y el consenso para avanzar dejando atrás heridas históricas y diferencias seculares que parecían irreconciliables.
Es bueno que no olvidemos aquel ejemplo que la historia nos brinda. Es necesario, hoy más que nunca, que apelemos a él para recordar de lo que fuimos capaces hace 35 años, porque ese esfuerzo vuelve a ser imprescindible.
En estas décadas, la realidad española ha cambiado. Y aunque no comparto las voces que se han alzado proclamando el agotamiento del modelo, lo cierto es que sí parece necesario una puesta a punto de la Constitución de la que emane una nueva Carta Magna que dé respuesta a una sociedad que poco tiene que ver con la de 1978.
Una puesta a punto que incluye mejorar los mecanismos de control y transparencia de nuestras instituciones y de sus representantes para garantizar la regeneración que la ciudadanía exige y la realidad demanda.
Una segunda Transición para recuperar la frescura democrática que se ha ido oxidando con el transcurso de los años, para volver a poner en valor principios como el consenso, el respeto por las diferencias, la solidaridad interterritorial, la voluntad de acuerdo y la amplitud de miras que tan útiles y fructíferos efectos tuvieron en la España de los primeros años de democracia.
Con esos mismos mimbres es necesario seguir avanzando. Emprender una valiente reforma de la Constitución en donde tengan cabida nuevos derechos sociales, en donde la protección del medio ambiente encuentre una mayor cobertura legal, o en el que se contemplen las nuevas realidades tecnológicas, por poner algunos ejemplos.
Como es necesaria también una reforma constitucional del Senado que lo convierta en una auténtica y útil cámara de representación territorial de corte federal con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas (Estatutos de Autonomía, leyes básicas, financiación, solidaridad interterritorial, etc.) y donde las Comunidades Autónomas estén representadas en exclusiva.
Reforma constitucional que implique una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas propugnando una evolución hacia un modelo asimétrico de estructura federal, defensor de la solidaridad entre comunidades pero también diferente en razón de las peculiaridades de cada territorio.
En este orden de cosas, para Canarias es esencial que la propia Constitución contenga la delimitación de las aguas archipelágicas, o que establezca la obligatoriedad del informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del REF.
Es necesario que además del hecho insular la propia Constitución reconozca la lejanía como hecho diferencial canario, como ya lo hacen los Tratados de la Unión Europea; y que nos reconozca nuestra vocación atlántica y tricontinental -lo que a su vez permitiría asumir competencias íntimamente relacionas con la insularidad y lejanía como puertos y aeropuertos, transporte aéreo, costas, telecomunicaciones, sanidad o comercio exterior, por poner algunos ejemplos-.